* Abogado laboralista. Profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
Lo dicho viene a cuento de lo ocurrido en la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde una decisión administrativa virtualmente irrelevante en materia de representación sindical ha generado una reacción virulenta y estimulado la reiteración de conceptos que en el estado actual de la legislación y la jurisprudencia parecerían superados.
Las críticas contra el sistema estructurado en torno al privilegio para el sindicato con personería gremial se mantuvieron durante mucho tiempo en el marco de la discusión teórica pero hoy, como consecuencia de los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema a partir de 2008, puede decirse que aquel sólido barco ha sido perforado bajo su línea de flotación.
Se ha relativizado la importancia de estos pronunciamientos jurisdiccionales y, sobre todo, se ha recordado de manera tajante que los fallos judiciales no modifican las normas, por lo que quien discrepe con ellas, aunque sea en coincidencia con el más alto tribunal, debe resignarse a transitar una vez más el largo y lento camino judicial para llegar a él.
Veamos cómo se entronca este debate con la situación en la UNRC.
La Asociación Trabajadores del Estado, seccional Río Cuarto, afilia a trabajadores de la Universidad. Desde 2009 ejerce el derecho de percibir la cuota sindical por nómina, esto es mediante descuento por planilla de haberes, y desde principios del corriente año, por resolución rectoral, tiene reconocimiento gremial con la sola excepción de la participación en los mecanismos de negociación colectiva. Con base en dicho reconocimiento, la asociación sindical de que se trata elige delegados que son reconocidos, realiza asambleas y reuniones, sin que ello haya sido objetado por otra entidad sindical ni por la autoridad de aplicación.
Por el contrario, la reciente decisión rectoral que admitió la designación, por parte de la misma entidad gremial —ATE—, de veedores en los concursos para la designación de personal no docente, descerrajó un sorprendente conflicto gremial que, en principio, aparece como desmesurado atento a la menor trascendencia de la resolución que se cuestiona. En efecto; tales veedores no integran los Tribunales de concurso, no ejercen función vinculante alguna, no constituyen una representación específicamente sindical y ni siquiera implican un privilegio para el gremio que los designa ya que, por definición, el sistema concursal es público y abierto a la asistencia de quienes tengan interés legítimo.
Tal parece, entonces, que la resolución tan fuertemente cuestionada —hoy suspendida en su ejecución— no ha sido sino un pretexto para volver sobre las modificaciones registradas en el panorama de la representación sindical.
Ante todo, en el sector público la pretendida unicidad promocionada por el sistema legal vigente, nunca fue tan inexpugnable como se pretende. La superposición de sindicatos con personería ha sido moneda corriente tanto en los ámbitos nacional, provincial y municipal cuanto en reparticiones del mismo ámbito (ANSeS, PAMI, entre otros) desde larga data, como necesario e inevitable reconocimiento de una realidad que, según escribe Arese, “superó a la norma desde antaño, lo que resultó luego desbordado desde otro costado por la Ley 24.185 que estableció en materia de negociación colectiva la concurrencia de sindicatos con personería gremial…” dejando “…plasmada la representatividad plural y simultánea de los trabajadores del sector público” (1).
El mismo Jorge Sappia —quien se ha pronunciado en defensa del modelo negando facultades al rectorado riocuartense para dictar la resolución de marras— había expresado anteriormente, en similar sentido, que la ley anteriormente citada “admitió, más bien reconoció una realidad, la existencia de una pluralidad de organizaciones sindicales con personería gremial en una misma rama de actividad, como es la del sector público” (2).
La resolución 255 dictada por el ministro Tomada en 2003 vino a reconocer esa realidad, al expresar que “la personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representativas del sector público no desplazará en el colectivo asignado, las personerías gremiales preexistentes”. En sus fundamentos, se reconoce que la Ley 24185 ha receptado en el sector “…la realidad histórica de la representación de este colectivo de trabajadores…” (que) “corresponde simultáneamente a más de una asociación sindical con personería gremial”.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hacia la destrucción del sistema de asignaciones familiares
Viernes 14 de septiembre de 2012, por
"De continuar por este camino, pronto serán muy pocos los trabajadores registrados que perciban asignaciones familiares, y quienes lo hagan recibirán montos cada vez menos significativos. Esto implicará un ahorro para el Estado, que en cierta medida podrá ser redistribuido a los trabajadores desocupados o a los trabajadores no registrados que perciben un ingreso inferior al salario mínimo.
"En otras palabras, los recientes cambios implican una transferencia de recursos desde trabajadores que poseen ingresos mensuales en un rango que va desde los $ 3.000 a los $ 7.000, hacia quienes se encuentran en la pirámide de la escala de ingresos.
"En su discurso de ayer, la Presidenta de la Nación volvió a insistir en la idea de que actualmente existiría una justa distribución de la riqueza entre capital y trabajo (“estamos cerca del fifty – fifty”, según sus propias palabras), y que el principal problema sería la injusta distribución del ingreso entre los propios trabajadores.
"Este razonamiento rechaza explícitamente la posibilidad de avanzar sobre las ganancias empresariales (que según la propia Presidenta “la están levantando con pala”), y plantea una falsa disputa entre trabajadores. Pero lo peor es que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de asignaciones familiares a partir del año 2009, luego de la creación de la asignación universal por hijo, han perjudicado directamente a aquellos trabajadores registrados que poseen ingresos medios y medios – bajos.
"En tal sentido, el principal aspecto de la última reforma fue modificar la base de cálculo, pasando del ingreso individual de cada trabajador al ingreso total del grupo familiar. Para justificar este cambio, la Presidenta ejemplificó con la situación de un grupo familiar conformado por un alto funcionario de una multinacional que cobra un salario de $ 500.000 mensuales, mientras que su esposa percibe $ 4.000 por mes y por ello cobra asignaciones familiares.
"Desde ya que este tipo de situaciones resulta inaceptable, pero mucho más inaceptable es naturalizar que un directivo de una empresa cobre medio millón de pesos al mes, mientras muchos de los trabajadores que llevan adelante la actividad de dicha empresa con suerte perciben el 1% de dicho salario.
"La modificación de la base de cálculo afecta directamente a todos los hogares donde existe más de un trabajador que percibe ingresos, ya que si todos los ingresos sumados superan los $ 6.000 automáticamente quedará comprendido en la última categoría, y percibirá en concepto de asignación por hijo la suma de $ 90, es decir, menos de lo que percibe en la actualidad.
"Este tipo de situaciones son mucho más generalizadas que las tomadas como ejemplo por la Presidenta de la Nación. Veamos algunos ejemplos concretos.
"Si en un hogar trabajan marido y mujer con un trabajo en blanco, por ejemplo trabajadores de maestranza con 10 años de antigüedad (encuadrados en el convenio respectivo), hoy el salario de cada uno de ellos ronda los $ 2.600 en mano ($ 3.025 brutos). Si tienen tres hijos, hasta ahora percibían $ 612 por asignaciones familiares ($ 204 por cada uno). De esta manera, la asignación por hijo les representaba más del 10% del ingreso familiar neto ($ 5.200 sumados los dos sueldos, más $ 612 de asignación por hijo).
"A partir de ahora, este hogar pasará a la última categoría de la escala, ya que no se considera el ingreso de cada trabajador ($ 3.025), sino el del grupo familiar ($ 6.050). Por ende, pasan a cobrar $ 270 de asignaciones familiares ($ 90 por cada hijo). Es decir, a partir del mes que viene ese grupo familiar (recordemos, dos trabajadores de maestranza, y da lo mismo cualquier pareja en la que trabajen los dos, incluso uno de ellos puede estar como servicio doméstico) va a cobrar $ 342 menos que ahora ($ 612 antes, $ 270 ahora).
"Obviamente, la situación, en términos numéricos, se agrava a medida que crece la composición del grupo familiar. Si esta familia tuvo mellizos hace unos meses (5 hijos), el monto a percibir por asignaciones familiares pasa de $ 1.020 ($ 204 x 5) a $ 450 ($ 90 x 5). Es decir, casi $ 600 menos.
"Como puede observarse, la medida anunciada por el Gobierno Nacional el día de ayer proyecta sus efectos sobre una gran cantidad de trabajadores asalariados, para quienes significará una reducción de sus ingresos mensuales. Por cierto que para aquel grupo familiar que percibe $ 504.000 mensuales no cambiará significativamente la ecuación económica de gastos. Por el contrario, la pareja de trabajadores de maestranza que hemos citado (y que puede ser reemplazada por cualquier grupo familiar cuyo ingreso supere levemente los $ 6.000 mensuales) experimentará una reducción neta de su ingreso mensual. Para ellos no ha habido sintonía fina", finaliza el comunicado que lleva la firma de Pablo Micheli, secretario general CTA y el Dr. Horacio Meguira, director del Observatorio Jurídico de la CTA.
Río Negro
Detienen a siete policías por crimen de trabajador desaparecido
La medida fue ordenada por el juez de la causa, Víctor Soto, concretada esta tarde por personal de Gendarmería Nacional y respaldada públicamente por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien sostuvo que no va a "permitir" que los efectivos ahora apresados sigan dentro de la fuerza.
Fuentes judiciales informaron a Télam que los siete policías fueron detenidos tras una serie de allanamientos en domicilios de Choele Choel y la vecina Lamarque.
Tras ser apresados, los sospechosos fueron trasladados bajo una fuerte custodia hasta la alcaidía del Juzgado Federal de Viedma donde quedaron alojados.
Las detenciones se produjeron luego de que el juez Soto cambió la carátula de la causa de "desaparición de personas a "investigación de homicidio" a partir de las pruebas presentadas por el fiscal Guillermo Bodrato, entre ellas, los dichos de un efectivo arrepentido.
Tras conocerse la decisión judicial, el gobernador Weretilneck ratificó su "absoluto respaldo al juez Víctor Soto y al fiscal Guillermo Bodrato" y sostuvo que "el Gobierno de Río Negro pone a disposición de la Justicia todos los elementos y las acciones posibles en búsqueda de la verdad y la Justicia".
En un comunicado oficial, el mandatario lamentó que la institución policial esté vinculada con el caso pero destacó: "Hay que llevar adelante la investigación y no puede permitirse la impunidad. Es inadmisible que un integrante de la Policía no respete los Derechos Humanos o no respete a las personas",
Y, en ese sentido, aseguró: "Ellos (por los efectivos detenidos) no pueden ser parte de esta institución, no lo vamos a permitir". Por su parte, Sergio Heredia, abogado de la familia de Solano, dijo que las detenciones "son un paso muy importante para el esclarecimiento del asesinato de Daniel".
"Nosotros venimos sosteniendo desde un principio que aquí hubo encubrimiento entre la empresa contratista de los peones norteños y la policía", indicó el letrado y agregó: "Este muchacho había denunciado graves irregularidades en el lugar de alojamiento e incumplimientos de pago, era un líder de sus compañeros y por eso lo mandaron a matar". Por su parte, Ricardo Thompson, el abogado defensor de los policías apresados hoy, dijo a la prensa que las detenciones "son ilegales" porque apenas conocieron la imputación pidió ver el expediente "pero el juez dispuso el secreto del sumario".
"Voy a recurrir a tribunales internacionales porque se trata de presos políticos", adelantó
Solano (26) llegó a Río negro en octubre de 2011 como peón golondrina para la cosecha de tomate y fue visto con vida por última vez en la madrugada del 5 de noviembre cuando varios efectivos policiales lo sacaron, por presunto desorden, del interior de un boliche bailable de Choele Choel.
El joven, contratado por la firma Agro Cosecha, habría detectado irregularidades en la liquidación de jornales y las condiciones de alojamiento, por lo que promovió la queja entre sus compañeros. Por el caso, un total de 22 policías fueron desplazados de sus funciones, mientras que el gobierno rionegrino llegó a ofrecer una recompensa de 200.000 pesos para aquellas personas que aporten datos sobre el paradero de Solano.
Además, el gobernador Weretilneck y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, se reunieron hace un mes con la familia Solano, que se instaló desde mediados de noviembre en Choele Choel.
Fuente: Agencia Télam
*****************************************
Jujuy
Telefónicos reclamaron que se terminen las irregularidades laborales y salariales
Jueves 19 de abril de 2012, por
Los telefónicos decidieron sumarse a la CTA Jujuy para buscar organizarse con el objetivo de ir logrando soluciones al tema salarial y mejorar las condiciones de trabajo.
Los trabajadores que el martes 17 de abril hicieron escuchar su reclamo están contratados por la empresa Fábrica, que a la vez es contratada por Telecom para realizar trabajos y servicios telefónicos.
A pesar de esta tercerización, el delegado Rubén Salas explicó que “cumplimos las mismas tareas que cualquier trabajador telefónico, trabajamos en domicilios particulares reparando líneas telefónicas e instalaciones”.
La protesta posibilitó que entregaran un petitorio a los representantes de le empresa Telecom, donde explicitan los problemas que requieren solución. Desde hace 8 años que está Fábrica SRL, y desde ese tiempo esperan regularizar y mejorar su situación.
Salas comentó a los medios de prensa que "trabajamos con plantel exterior, instalación y reparación domiciliaria, etc. Toda la gente de San Salvador nos conoció, seguramente nos conoce, nos ve, ve las camionetas de nosotros, con el logo de “Fábrica al Servicio de Telecom” y seguramente siempre estuvimos visitando los hogares de Jujuy. Lo único que pedimos es un salario digno y trabajar normalmente, como siempre lo hicimos. Tenemos un básico de 1.500 pesos, y el resto nos pagan en negro. La empresa hace esto para evadir a la AFIP y ANSES, y por eso es que nosotros estamos reclamando para que se nos pague inmediatamente todo lo que se nos adeuda en estos ochos años que estamos trabajados para ellos”.
* Equipo de Comunicación de la CTA Jujuy
**************************************************
Alertamos a todos los trabajadores que pretenden jubilarse antes de los 100 años
El FMI se preocupa por el aumento de la expectativa de vida. Para hacer frente a los desafíos de la longevidad propone reducir los haberes, subir la edad jubilatoria y aumentar los aportes que realizan los trabajadores.
La preocupación del Fondo no es novedosa y está presente en la agenda de la mayoría de los responsables de los sistemas jubilatorios a medida que se prolonga la vida, la gente cobra más tiempo sus haberes.
Desde el Consenso de Washington donde el Banco Mundial quiso imponernos la jubilación privada, que gracias a la lucha de la Central de Trabajadores de la Argentina y de los organismos que la componen se logró que el gobierno de turno, el FMI y los sindicalistas corruptos desistieran en parte de dicha atrocidad.
Esta preocupación del FMI es un espejo en el que nos debemos mirar a la hora en que quieran aprovechar la oportunidad de que la crisis que tanto les preocupa la paguen los que menos tienen y de la cual no somos culpables los jubilados.
